El riesgo de volver a tropezar con la misma piedra: el Tribunal Constitucional.

Ya hubo un antecedente de nuestro Tribunal Constitucional. Ni más ni menos, que el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República.

Esta institución actuó en los comienzos de la Justicia Constitucional en Europa, cuando la problemática general del tema no había cobrado madurez a nivel teórico ni existía una experiencia práctica consolidada. Su misión era la de satisfacer, entre otros, a quienes aspiraban a que dicho Tribunal sirviera de garantía para las autonomías y los deseos de los que confiaban en una solución de tipo judicial para las posibles controversias entre el Estado y las regiones.

La idea de que los conflictos entre el Estado y las regiones se presentaran como disputas competenciales y aducidas en términos jurídicos, no fue posible. Sus resoluciones (dos conflictos de competencia legislativa) fueron tachadas como decisiones políticas y no jurídicas, a pesar de contar con el esfuerzo de una generación de juristas que intentaron dar respuesta a unos conflictos constitucionales de su época con arreglo a unos métodos, procedimientos y técnicas netamente jurídicos y teniendo en cuenta que este cuerpo de doctrina tuvo que crearse, ya que no existían antecedentes válidos ni en la jurisprudencia ordinaria ni en la técnica del Derecho Público.

Lamentablemente, su contribución fue muy escasa en la definición del modelo de configuración autonómica y, sobre todo, bastante politizada.

Es de sobra conocido que nuestra Constitución actual de 1978 no organizó territorialmente el Estado, sino que abrió un proceso que, basado en la autonomía como derecho de nacionalidades y regiones, debía desarrollarse para concluir en un modelo de Estado que no se encontraba predeterminado sino sólo limitado constitucionalmente.

En otros artículos míos anteriores ya resaltaba la inmensa aportación del Tribunal Constitucional derivado de nuestra Constitución de 1978, a la definición del sistema autonómico, incluso pudiéndole calificar a la nueva estructura territorial del Estado como "Estado autonómico jurisdiccional", que no es más que la expresión que refleja apropiadamente la capital importancia que nuestro Tribunal Constitucional ha tenido en el proceso de clarificación del complejo sistema de distribución y articulación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Todo ello, a muy pesar, de algunos pronuncionamientos discutibles e incoherentes, principalmente en sus inicios, pero que no pueden, de ninguna manera, empañar la trascendental labor operada en el desarrollo del modelo constitucional de distribución territorial del poder.

Todo ello, de igual forma, muy a nuestro pesar de algunas sentencias muy politizadas donde el juego de los intereses partidistas ha prevalecido sobre la cordura constitucional.

Hay aires de renovación después de mucho tiempo de los miembros del Tribunal Constitucional. Es una noticia saludable. Pero no volvamos a tropezar en la misma piedra de antaño. Decisiones jurídicas derivadas de métodos, procedimientos y técnicas netamente jurídicas y no politizadas y del café para todos.